VOLUMEN 2 NUMERO 1 
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| En este artículo el autor analiza, desde una perspectiva de política pública, la reforma al sistema de justicia criminal chileno que actualmente está en trámite parlamentario. También describe el funcionamiento del sistema actual y los cambios que incorpora la reforma. El autor resalta, principalmente, la ruptura que ésta implica en concepciones tradicionales en el medio jurídico nacional, tales como que todos los delitos deben ser investigados y sancionados y que el interés público en esta materia debe primar sobre los intereses de los directamente afectados. Vargas explica los mecanismos que contiene el nuevo sistema para, en forma pública y transparente, poder discriminar entre los casos que ingresan, en razón de su importancia social y de las posibilidades de éxito. Además señala cómo la reforma recepciona los intereses de las víctimas de los delitos. Asimismo, indica los cambios que se proponen a la organización y funcionamiento del sistema judicial y cómo a través de ellos se debe lograr un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda por servicios judiciales. |
| En los últimos años, Chile se ha hecho internacionalmente famoso por los éxitos de su modelo económico neoliberal y su fluida transición desde un régimen militar hacia un gobierno democrático. Si bien el gobierno militar intentó transformar radicalmente la sociedad y economía política chilena, en Chile, y sobretodo en el extranjero, se ha dado poca atención al fundamento legal e institucional del modelo económico, a pesar de que los militares apuntaron a cimentar los cambios que habían impuesto con una nueva Constitución, que fue aprobada en 1980. Los análisis de la Constitución de 1980 se han centrado en sus aspectos políticos, especialmente en sus características autoritarias y antidemocráticas, ignorando en gran medida su significado económico en cuanto marco diseñado para incentivar el libre mercado. Este marco es interesante en el ámbito internacional como ejemplo pionero de la perspectiva neoliberal en el diseño institucional. En el presente artículo centro mi análisis en dos aspectos de la "nueva institucionalidad" chilena, cuya importancia e interrelación se han dejado de lado: las breves, pero fundamentales provisiones económicas, incluyendo el principio del "Estado subsidiario"; y el más poderoso, pero contradictorio, rol del poder judicial. Finalmente reviso las implicancias de la estructura institucional chilena para la formulación de políticas públicas y la capacidad regulatoria del Estado. Y concluyo que el derecho-y-economía (law-and-economics) de libre mercado sobresimplifica la naturaleza del proceso judicial y hace caso omiso de su estrecha relación con factores políticos. |
| Desde 1993, el Gobierno de Chile ha impulsado un conjunto de iniciativas a fin de modernizar la gestión pública, elevando el compromiso de las instituciones gubernamentales conlos resultados de su acción. Uno de los principales componentes de este programa es el desarrollo de un sistema de indicadores de desempeño incorporados al proceso presupuestario. Esta experiencia es similar a la de países como Australia, Nueva Zelandia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde, pese a las diferencias prácticas, la medición del desempeño ha ocupado un papel central en los procesos de reforma del Estado. La experiencia de estos países ha indicado, sin embargo, que la efectividad de este tipo de instrumentos depende de la capacidad para balancear las exigencias técnicas de una buena medición del desempeño con el pragmatismo que requiere la introducción de cambios que apuntan a modificar la cultura organizacional de las instituciones públicas. La experiencia chilena en el uso de indicadores de desempeño se ha apoyado, precisamente, en fuertes dosis de pragmatismo: la incorporación de las agencias gubernamentales al sistema ha sido voluntaria y gradual. El fin ha sido legitimar el sistema antes de elevar las exigencias, compromisos y condiciones ligados al sistema. En su vinculación al presupuesto, se ha buscado que los indicadores de desempeño enriquezcan la discusión sobre asignación de recursos con información sobre resultados antes que establecer una estricta sujeción de dicha asignación al logro de metas específicas de gestión. El resultado de esta estrategia ha sido positivo: permite un rápido desarrollo en la cobertura y calidad del sistema de indicadores y, por sobre todo, cambiasignificativamente los términos de las relaciones entre las instituciones públicas y entre las mismas y la ciudadanía. Es así como el desarrollo de un sistema de indicadores de desempeño en Chile ha contribuido, de manera fundamental, a cambiar el foco de atención hacia los resultados de la gestión de las instituciones públicas, facilitando e incentivando el desarrollo de nuevas iniciativas, como el pago de remuneraciones por desempeño, la evaluación de programas gubernamentales y laaplicación del esquema de carta ciudadana. Estos avances, sin embargo, no han sido aún plenamente asimilados por el sistema político. De la capacidad de este último para asumir los costos y beneficios de una gestión pública ligada a los resultados y de la del gobierno chileno para sistematizar la experiencia acumulada depende, en buena medida, la consolidación del sistema de indicadores y su contribución al desarrollo de un Estado moderno. |
Este artículo reflexiona sobre el nuevo papel económico del Estado en el ámbito microeconómico en economías en desarrollo. Sostiene que el Estado empresario o desarrollista ha quedado obsoleto; en su reemplazo debe surgir uno capaz de proporcionar un conjunto de normas y de instituciones de apoyo al mercado que asignen los derechos de propiedad, hagan cumplir los contratos y generen un ambiente económico estable. Los requerimientos regulatorios de las economías modernas son considerables, pero no presuponen un aparato estatal voluminoso; sin embargo, exigen instituciones estatales capaces de lograr una efectiva desrregulación y de introducir nuevas estructuras regulatorias que corrijan las fallas de mercado y castiguen las prácticas anticompetitivas. |
Existe una creciente preocupación acerca del tema de la calidad de la educación, que se explica por el impacto de la educación sobre la distribución del ingreso y el crecimiento económico. La experiencia nos señala que es un problema complejo. Tanto los países en desarrollo como los desarrollados han, por una parte, gastado una creciente cantidad de recursos; y por otra, han implementado diversas reformas para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo muchas veces los resultados no han cumplido con las expectativas. Chile ha sido uno de los países que ha introducido reformas novedosas en su sistema educativo, como descentralización, subsidios a la demanda y elección de colegios a fin de estimular la competencia, evaluaciones estandarizadas (como la prueba Simce), programas especiales (como el Mece) y de apoyo focalizado a las escuelas más pobres (P-900), etc. Una de las reformas más interesantes ha sido la introducción de un sistema de subvenciones y la entrada de agentes privados en la provisión de servicios educativos gratuitos. Chile, en la práctica, ha implementado una de las reformas más discutidas en el ámbito internacional, como lo demuestra la extensa discusión acerca de las políticas de elección de colegios. Este artículo examina la experiencia chilena, particularmente las reformas que buscaron emular o crear mecanismos de mercado para incentivar la calidad del proceso educativo, y analizar el rendimiento escolar de los establecimientos educacionales según su tipo de dependencia. |
| En este trabajo se resumen las reformas microeconómicas introducidas durante el gobierno militar entre 1973 y 1981 (primera ronda de reformas) y 1985 y 1989 (segunda ronda de reformas). Se examinan dos polémicas sobre el periodo que aún persisten: primero, la discusión sobre si la economía de mercado se estableció en Chile durante la primera o la segunda ronda de reformas. Y segundo, la pregunta sobre si las empresas públicas privatizadas entre 1985 y 1989 se vendieron por mucho menos que su valor y con marcos regulatorios inadecuados. Se concluye que casi toda la liberalización de la economía entendiéndose por ella la apertura de los mercados a la competencia interna y externa y el libre funcionamiento del sistema de precios- ocurrió durante la primera ronda de reformas entre 1973 y 1981, cuando se eliminaron incontables regulaciones cuyo fin principal era restringir la competencia para favorecer a grupos de interés, tanto privados como del sector público. Por lo tanto, la economía de mercado se estableció en Chile durante la primera ronda de reformas. En segundo lugar,que ninguno de los estudios que han intentado cuantificar el monto del subsidio en el precio de venta de las empresas es suficientemente confiable, por lo que no sabemos si lo hubo o no. Y por último, que la legislación era razonablemente adecuada para regular el funcionamiento de las industrias eléctricas y de telecomunicaciones, pero es muy probable que ambos mercados hayan terminado más concentrados de lo necesario y conveniente. Lamentablemente no existen estudios empíricos convincentes que hayan demostrado y cuantificado la magnitud de las distorsiones. El trabajo concluye con una discusión sobre dos lecciones de las reformas que hoy están siendo ignoradas por quienes conducen la política económica. |