VOLUMEN 3 NÚMERO 1
| VOLUMEN 3 NÚMERO 1 |
|
DELINCUENCIA EN CHILE
| La delincuencia y la violencia son temas que han irrumpido con fuerza en las agendas públicas y en las preocupaciones de la población durante la década de los ‘90. Sin embargo, a pesar de su protagonismo, no han sido asumidos por las autoridades como un área social de trabajo. En parte, ello se ha debido a la falta de claridad sobre la influencia de la criminalidad en la vida nacional y a su verdadero impacto sobre los más pobres. La primera sección de este trabajo esboza los alcances más significativos de la criminalidad violenta sobre la calidad de vida. La segunda, reseña las principales carencias en las áreas de control y prevención del delito, así como en la forma escogida para abordar el problema. En la última sección se hacen proposiciones de política pública en cada una de las áreas descritas como deficientes. |
| El trabajo aborda el tema de las reformas a la justicia criminal que se han hecho comunes en América Latina y su posible impacto sobre la seguridad ciudadana. La primera parte plantea que no es posible esperar que las reformas de por sí signifiquen una sustancial mejoría en la seguridad, mediante el aumento de la cantidad de delitos esclarecidos y sancionados. En cambio, sostiene que sí es posible esperar mejoramientos por la vía de una respuesta simbólicamente más poderosa que produzca confianza en las personas y disuada la comisión de delitos. Por último, sostiene que también es posible conseguir algunos resultados favorables a través del involucramiento de los fiscales del Ministerio Público en acciones de prevención, siempre y cuando desarrollen una estrategia y utilicen sus facultades con ese objetivo. |
| En Chile, el debate acerca
de la seguridad ciudadana sólo tangencialmente se refiere al funcionamiento del modelo
policial vigente, que consiste en la existencia de dos policías de carácter nacional. Se
pone énfasis en las carencias de recursos y de dotación que enfrentan ambas policías y
en las recientes limitaciones de sus facultades para detener sin orden judicial. Sin desconocer la importancia de esos aspectos, el artículo plantea que las policías enfrentan desafíos mucho mayores que los descritos, que se han hecho patentes en los últimos años. En primer lugar, las estrategias utilizadas en el pasado para enfrentar el delito común se encuentran superadas porque demuestran inefectividad o derechamente implican un uso discrecional de las facultades de la policía, incompatible con el Estado de Derecho. Segundo, existe una desigualdad notoria y creciente en la provisión del servicio de vigilancia policial, que se ve agravada por la posibilidad de los sectores más pudientes de contratar servicios de seguridad privados. Por último, los mecanismos existentes para controlar la gestión policial y las infracciones de las normas legales y reglamentarias por parte de los policías adolecen de graves limitaciones. |
| Este trabajo analiza las
estadísticas disponibles sobre delincuencia y gasto policial entre 1977 y 1997. En dicho
período, ambos crecieron en forma importante. Por esta razón se plantea el tema de la
eficiencia policial como factor explicativo del aumento de los delitos. Para tener una
mejor comprensión de esta situación se analizan las hipótesis más comunes que pueden
explicar esta correlación “anómala” entre delincuencia y presupuesto policial.
Se estudia qué sucede con el incremento de la dotación total, la dotación per cápita y
las funciones policiales. De la evidencia disponible, que es muy escasa, se concluye que
si bien la ineficiencia policial no es el único factor que explica el aumento de la
delincuencia, tampoco parece claro que factores exógenos al sistema policial la expliquen
por completo. En el tratamiento de la delincuencia uno de los tópicos más recurrentes es el papel de la policía y en particular de su eficiencia. Cada vez que se dan a conocer cifras sobre la evolución de los delitos, de inmediato surgen argumentos que vinculan los resultados de la acción policial con los niveles de delincuencia. Para algunos, el aumento de la delincuencia es consecuencia de la falta de recursos de la policía. Para otros, el problema se sitúa en su falta de eficiencia para abordar de manera adecuada la cuestión. Dado lo anterior, a continuación intentaremos dilucidar, de acuerdo con las cifras disponibles, qué aspectos de esta polémica son válidos y cuáles no parecen tener apoyo empírico. Como prevención general hay que señalar que la información disponible es bastante escasa, lo que no sólo limita el alcance de este trabajo, sino que expresa uno de los problemas de fondo de la polémica y que finalmente la legitima: la falta de transparencia en la información. Ello exige contar con registros públicos de información, de libre consulta e independientes. |
ARTÍCULOS
| Este trabajo aporta los
puntos de vista de un psiquiatra clínico especializado en el tratamiento de dependencias
químicas, en torno a la filosofía, objetivos y medidas técnicas que debería incluir
una política pública de alcohol y drogas. A la vez, se entregan elementos que permitan
comprender las implicancias del fenómeno de la droga a escala individual, familiar y
social. Se postula que las políticas más efectivas son aquellas que combinan un marco legal que responsabilice al consumidor habitual u ocasional, con programas de educación, prevención y tratamiento diseñados sobre una sólida base técnica. Los programas deben implementarse en los lugares donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo: el trabajo, la escuela y centros de estudio superiores y la comunidad. Para que una política sea efectiva requiere de la participación de los sectores público y privado. A la vez, debe ser integral, es decir, incluir en el mismo nivel de importancia las acciones de educación, prevención y tratamiento. Los países que han aplicado este tipo de programas han reducido de manera significativa el nivel de consumo de la comunidad y sus repercusiones individuales, familiares y sociales. Finalmente se señala que la sociedad chilena debe adquirir conciencia de que el consumo de sustancias es un problema grave que afecta a todos los ciudadanos y que es necesario modificar la actitud social de tolerancia al consumo, incluido el de alcohol y cigarrillo. |
La generación de recursos para las adquisiciones de equipo de las
fuerzas armadas chilenas consiste en un sistema regulado por la Ley reservada Nº 18.445
de 1985, que depende de las exportaciones de Codelco y goza de automaticidad. |
| Este artículo enfatiza la
evaluación comparada de los principales logros e insuficiencias de los gobiernos de
Patricio Aylwin y Eduardo Frei en materia ambiental. A la vez, logra sistematizar los
aspectos político-estratégicos de sus respectivas definiciones programáticas (con sus
fortalezas y debilidades), como las decisiones y hechos más relevantes de ambas
gestiones. Con una visión crítica, el autor repasa las áreas de interés que han ocupado el debate ambiental en el país en la década de los ‘90, concluyendo que los significativos avances logrados en materia legal e institucional han ocultado la existencia de importantes vacíos. Desde su perspectiva, los supuestos consensos sobre los cuales se ha cimentado la gestión ambiental gubernamental no son tales, al menos en cuanto a la ponderación que los distintos sectores sociales y económicos realizan respecto de los objetivos de desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. Asimismo, devela en detalle los elementos determinantes en los éxitos y los errores, políticos y técnicos, de los dos últimos gobiernos en áreas concretas de la gestión ambiental. Este análisis retrospectivo permite formarse una visión global del quehacer gubernamental, y de los enfoques aplicados en esferas tan diversas como sus prioridades políticas, su relación con los sectores involucrados y su gestión en ámbitos como la descontaminación, los recursos naturales, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el manejo de residuos y la planificación territorial. Finalmente, ofrece una perspectiva de las tareas y desafíos pendientes que un próximo gobierno debiera incorporar en su agenda programática ambiental. |
| Este artículo analiza las
razones económicas y políticas que justifican la integración de la protección
ambiental al proceso de desarrollo y lo que Chile debe avanzar en la aplicación de una
política que sea sostenible en el largo plazo. También se destaca la importancia que
tiene la política ambiental para asegurar el acceso de los bienes y servicios de Chile a
los mercados internacionales. Dentro de la evolución de las políticas ambientales aplicadas en el país, se examinan los períodos 1980-1990, 1990-1994 y 1994-1999. En relación con este último período, se revisa la política ambiental aprobada por el gobierno en 1998; el sistema de evaluación de impacto ambiental; la participación ciudadana; el plan de descontaminación atmosférica de Santiago y el régimen de las cuencas hidrográficas, con especial referencia a las de los ríos Loa, Bío Bío y Valdivia. |
| En 1990 las condiciones de
operación del sistema de transporte público en Santiago se habían deteriorado
considerablemente. Existía una total desarticulación de los recorridos, una alta
congestión, un bajo grado de eficiencia en la operación de la flota y altos niveles de
contaminación. En este contexto, en 1992 se introdujo un mecanismo de licitación de
recorridos como un instrumento para regular la provisión de servicios de transporte en la
ciudad. Este trabajo analiza las principales características económicas del sector que hacen necesaria la regulación, y describe y evalúa el sistema de concesión de recorridos. Éste último ha permitido mantener las tarifas bajas, disminuir el tamaño de la flota, incluir cambios tecnológicos que implican mayor eficiencia operativa y adoptar tecnología menos contaminante. Dichos avances se han logrado gracias a la regulación directa del sector, mediante las bases de licitación, más que por la introducción de elementos competitivos. El que los avances en el transporte público se asocien a un sistema de regulación directa, y no a la existencia de elementos competitivos, implica que continuar mejorando el funcionamiento del sector depende de la forma en que la autoridad neutralice el poder político y de concertación de los actuales operadores. De este último factor también depende la introducción de nuevas opciones regulatorias que hagan más competitivo el sector. |
| En nuestro país la primera formulación tendiente a establecer el Defensor del Pueblo surgió a mediados de 1985,en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales (también llamado Grupo de los 24).La idea fue recogida e impulsada por varios de sus miembros,que fundaron en diciembre de ese año el Capítulo Chileno del Ombudsman. |
Comentarios
de
Eduardo Bitrán y Francisco Fernández
Respuesta
de
Juan Domingo Milos
LIBRO
El Chile Perplejo de Alfredo Jocelyn-Holt
Reseña de Carlos
Peña