Desde su privatización, las empresas de telecomunicaciones han aumentado la cobertura de los servicios, así como su eficiencia interna. Luego de la desregulación de los servicios de larga distancia, las tarifas cayeron fuertemente y algo similar ocurrió con telefonía móvil, después de que el número de operadores aumentara de dos a cuatro. Sin embargo, la regulación insuficiente de los cargos de acceso a la red de telefonía fija, unido a la fuerte concentración en éste servicio, puso en jaque a los nuevos operadores que ingresaron al sector. Cambios de regulaciones, especialmente a partir de 1994, han mejorado las condiciones para que ingresen nuevos operadores. Persisten, sin embargo, dificultades en la definición de los cargos de acceso. Por último, las ganancias de eficiencia demoraron en ser transferidas a los consumidores en los servicios donde la competencia era insuficiente, generando ciclos de elevadas rentabilidades a los proveedores de
dichos servicios.

A comienzos del 2000 concluyeron los procesos de revisión tarifaria de EMOS y ESVAL, los primeros desde la privatización de ambas empresas. Como resultado de esto, las tarifas de EMOS aumentaron, en promedio, un 20% en términos reales, sin considerar la etapa de tratamiento de aguas servidas que implicará un alza aún mayor durante los próximos años. Para ESVAL, el resultado del proceso de tarificación también significó un aumento promedio de 20% en términos reales. Los resultados de los procesos anteriores han generado cierta inquietud entre autoridades y algunos sectores políticos respecto a la efectividad de la regulación del sector en el nuevo contexto de propiedad privada de las empresas sanitarias. Como consecuencia de esto, existe un interés creciente por examinar más a fondo el sistema de regulación de monopolios naturales en Chile, y del sector sanitario en particular. El propósito del presente trabajo es contribuir a este importante debate. Con este objetivo, se revisa, desde una perspectiva teórica y práctica, el sistema de regulación económica del sector sanitario en Chile y se contrasta con los métodos utilizados en otros países, en particular en el Reino Unido. Como resultado del análisis de este trabajo, se presentan varias recomendaciones para mejorar el marco regulatorio del sector.

Este trabajo examina las principales características de la autorregulación, y analiza si ésta puede ser –y bajo qué condiciones– un instrumento eficaz para combatir los problemas de fraude y negligencia. A partir de argumentos teóricos y del examen de algunos casos empíricos, este artículo propone múltiples argumentos para desconfiar de la capacidad de la autorregulación y que ésta otorgará protección efectiva contra malas prácticas. Sin embargo, se discuten diversas formas en que sería posible potenciar el desempeño de la autorregulación, en particular, por medio de implementar regulación pública y autorregulación en paralelo. A pesar de los costos de duplicidad y superposición de responsabilidades regulatorias, esta alternativa podría ser, en muchos casos, preferible a implementar autorregulación o regulación pública en forma excluyente, debido a importantes efectos de complementariedad entre ambas formas de regulación. Esta recomendación de política es particularmente relevante para diversas industrias en Chile en las que imperan los esquemas de regulación pública, a menudo limitados, y no existen actualmente espacios significativos para la autorregulación.

En la última década las telecomunicaciones han experimentado un notable desarrollo en Chile. Para consolidar esta evolución se requiere impulsar diversas acciones que involucran a la autoridad y a los agentes del sector. En general, ellas requieren decisiones administrativas y reglamentarias y una gestión pública eficaz. De vital importancia resulta preservar los principios que han regido a la política sectorial en los últimos años, los cuales promueven la competencia y libre entrada, la interconexión y desagregación de redes, regulaciones eficientes y estímulos para extender los servicios en áreas rurales. En este contexto, se debe avanzar en la instauración de un régimen de autorizaciones que no imponga restricciones a nuevas tecnologías y servicios, privilegiar el uso de instrumentos de mercado en la gestión del espectro radioeléctrico, ratificar los criterios de eficiencia económica usados para fijar tarifas en el pasado, eliminar normas y prácticas que dificultan la instalación y desagregación de redes, reorientar la acción subsidiaria hacia la masificación en la utilización de Internet y el uso pleno de las inversiones realizadas y modernizar la institucionalidad reguladora, para promover su eficacia, capacidad técnica e independencia.

Este artículo analiza el comportamiento de los organismos estatales en relación al sector pesquero artesanal, tomando como referente la situación de la Primera Región de Chile. A partir de este caso, se procura identificar criterios generales que ayuden a hacer sustentable en el largo plazo la pesca artesanal, optimizando esfuerzos y evitando efectos no deseados tales como descoordinación entre servicios, inversión espuria, etc. Buena parte de esta discusión es relevante para el tema de la reforma del Estado que se requiere para optimizar los esfuerzos de desarrollo.
Se plantea un modelo sistémico de intervención en el sector, tanto para la política pública como para los organismos de cooperación al desarrollo. Este modelo busca conciliar cinco tipos de sustentabilidades: productiva, territorial, económica, ecológica y social (esta última, rara vez considerada en los análisis disponibles). Finalmente, se entregan pistas para la implementación de una estrategia intergénero e intergeneracional de potenciamiento del valor agregado en el sector pesquero artesanal. Parte de la discusión puede extrapolarse a sectores de pequeñas comunidades productoras en situación de precariedad, lo que vincula el artículo al debate general sobre política de desarrollo.