VOLUMEN 1 NUMERO 2 
| VOLUMEN 1 NUMERO 2 |
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| La Ley Nº 19.496,
que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, fue publicada
en el Diario Oficial el 7 de marzo de 1997 y entró en vigencia el 5 de junio del mismo
año. El crecimiento económico experimentado por el país en el último tiempo, la masividad de los actos de consumo en la sociedad contemporánea y el despliegue incesante de nuevas prácticas comerciales amén de otros factores económicos y sociales, entre los cuales el de mayor relevancia lo constituye la situación de vulnerabilidad en que se hallan los consumidores finales de bienes y servicios ante sus proveedores- hacían necesario un nuevo marco jurídico de regulación que diera cuenta de esta realidad y ubicara a Chile a la altura de los estándares internacionales en la materia. |
| La protección de los consumidores en una economía de transición constituye
un desafío particularmente arduo, porque requiere de un cuidadoso equilibrio entre a) la
consideración de que la mayoría de los individuos en esa circunstancia carece de los
conocimientos básicos sobre cómo opera una economía de mercado, lo que los hace muy
vulnerables al fraude, y b) la tendencia estatal a mostrarse demasiado dispuesto a
intervenir en la evolución del mercado. Este último, a su vez, como no ha sido probado y
no lo fue durante setenta años de experimento socialista, altera la opción del
consumidor en un nivel fundamental. Este estudio de caso describe un esquema fraudulento, la pirámide financiera MMM en Rusia1, a modo de ilustración de las dificultades que enfrenta la protección al consumidor en países que recién transitan hacia el sistema de mercado; a partir de este ejemplo es posible extrapolar lecciones útiles para el momento de diseñar políticas de protección al consumidor en los países en vías de desarroll |
| Este artículo da a conocer las políticas de resguardo a los consumidores, para luego evaluar el grado de protección existente en Chile, tanto antes como después de la promulgación de la Ley del Consumidor en marzo de 1997.Se presentan dos estudios de caso que ilustran la situación de los derechos de los consumidores:el caso de las cecinas en 1991 y el rol que juega el CONAR como sustituto de una ley de publicidad engañosa.Se concluye que la protección de los derechos de los consumidores en Chile dista mucho de ser satisfactoria, argumentándose que esto se debe a la ausencia de agentes políticos interesados en promover el tema.Por último, se entrega una posible explicación para esta ausencia. |
| Numerosos países, entre modernos y en desarrollo, han reconocido lanecesidad de tratar el tema de las normas de ética gubernamental.Este contempla tales asuntos como el conflicto de intereses de los autores de políticas, el nepotismo, los sobornos y el mal uso de propiedad pública con fines privados.Al abordar tales temas de ética, los estados han reconocido la importancia de poder recurrir anormas que restrinjan la actuación de funcionarios que, de otra forma, pudiese llegar aser cuestionada.Sin embargo, al elaborar estas normas, surgen varias interrogantes sobre la forma en que deben ser comunicadas, promulgadas e impuestas dichas restricciones éticas.El presente trabajo está enfocado en este segundo aspecto de la ética gubernamental.En él se sostiene que un enfoque fuertemente basado en reglas para funcionarios estatales produciría un mundo en el que dichos funcionarios actuarían más bien en favor del interés público, a pesar delposible impacto negativo en sus propios intereses, y en el cual el público comprenda, internalice y esté dispuesto a promulgar dichas normas de ética profesional. |
| Las reformas económicas realizadas en Chile durante las dos últimas décadas implicaron drásticos cambios en el grado de apertura de la economía y en el papel de los mercados. Dichos cambios han sido acompañados de sustanciales modificaciones en la regulación del mercado laboral, las que lo han flexibilizado y descentralizado la negociación colectiva. Este artículo analiza las transformaciones en la legislación laboral producidas en esos a–os, y su efecto sobre el funcionamiento delmercado del trabajo. Se concluye que el objetivo de equilibrio social y el grado de integración de la economía chilena requieren eliminar algunas rigideces que subsisten en la legislación, así como la construcción de relaciones laborales no confrontacionales. |
| Este estudio
analiza el proceso de privatización y regulación de las telecomunicaciones en Chile en
el marco de la introducción de la competencia, un proceso que, en términos generales, se
ha saldado con éxito. En efecto, las empresas privatizadas no sólo han expandido,
diversificado y mejorado significativamente la calidad de los servicios, sino que también
han aumentado en forma sustancial su eficiencia interna. Con todo, sólo en aquellos casos
en que se ha producido una competencia efectiva los aumentos de eficiencia se han
traducido en menores tarifas. Por ello, concluimos que el objetivo prioritario de la política sectorial debiera ser promover la competencia, especialmente en la telefonía fija. Existen condiciones incipientes para el paulatino desarrollo de la competencia en esta área, entre ellas los cambios tecnológicos recientes y la presencia en el país de importantes operadores internacionales de telecomunicaciones. Pero resulta imprescindible que se garantice el cumplimiento de las normas legales vigentes y se sancionen drásticamente las conductas que entraben el desarrollo de la competencia en el sector: una tarea nada fácil si se considera la escasez de recursos con que cuentan las autoridades sectoriales y la concentración del 90% de los suscriptores de telefonía fija en una sola empresa. |