VOLUMEN 3 NÚMERO 2

POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CUESTIÓN INDÍGENA

Introducción
Jorge Heine

Los conflictos en el territorio mapuche: antecedenes y perspectivas
José Aylwin
 
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En este artículo se entregan antecedentes que intentan explicar el porqué de los conflictos hoy existentes en el territorio mapuche, así como del deterioro de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado. Además se esbozan las distintas iniciativas impulsadas por el gobierno para enfrentar la crisis aquí descrita. También se formulan algunas ideas de posibles líneas de acción para abordar la situación de conflicto existente y contribuir a su superación. Finalmente, el artículo se refiere a la necesidad de promover un diálogo verdadero entre el Estado chileno, las empresas y las comunidades mapuche en conflicto, a través del cual se aborden los problemas y se dé respuesta a las demandas de las últimas. Del mismo modo se sugiere el inicio de un diálogo de mayores dimensiones, que involucre no tan sólo al Estado, sino a la sociedad chilena en su conjunto, y que permita definir las bases sobre las cuales se debe cimentar una futura convivencia entre pueblos diferenciados en el país.
 
Los pueblos indígenas y los desafíos del 2000
Domingo Namuncura
 
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La historia de Chile en materia de asuntos indígenas ha sido controvertida e intensa. No se puede decir que el país y la sociedad hayan sido benevolentes con los pueblos originarios. Ha corrido mucha injusticia y existe una deuda histórica nunca reconocida suficientemente. Es lo que explica que en los albores del nuevo siglo de nuevo se escuchen los reclamos en favor de una mayor dignidad para los indígenas de Chile. En este artículo se señala que no es sólo el problema de tierras y pobreza lo que afecta a los indígenas de Chile. No es sólo el desconocimiento de su cultura y de sus valores ancestrales o la discriminación que han sufrido. Hay una ausencia importante de participación en la toma de decisiones. Los indígenas no han sido considerados como ciudadanos con derechos, sino como receptores pasivos de las decisiones de los poderes políticos y económicos. Ello ha traído como consecuencia un sentimiento de marginación y avasallamiento, que en algunos ha generado resignación e impotencia y en otros, rebeldía y resentimiento hacia el mundo huinca. En consecuencia, se aboga por una apertura de nuevos procesos de participación indígena en el ámbito político y social, más allá aun de la integración de algunos de sus representantes en organismos de gobierno. Se trata de dar un paso sustantivo en el reconocimiento que ya están otorgando naciones desarrolladas como Canadá y Australia a sus minorías étnicas, o tal como lo indica Naciones Unidas en diversos acuerdos internacionales.
El predicamento mapuche: ¿cuál deuda histórica?
Gonzalo Vidal
 
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Este artículo aborda la llamada “cuestión mapuche” desde una perspectiva sociocultural. El autor reconoce que la sociedad chilena mantiene una deuda histórica con los mapuches que es necesario saldar. Sin embargo, no la reduce al tema de la tierra, ya que apenas un 25% o 30% de los integrantes de esta etnia habita en zonas rurales y la explotación agraria común, modalidad cada vez más difícil de sostener, a la postre conducirá a la expulsión de los comuneros.
A continuación el autor analiza lo que, a su juicio, es el verdadero problema indígena: la cultura de esta etnia, su antigua forma material y sobre todo espiritual de vida, se hallan amenazadas de disolución. El pago de la “deuda histórica” consiste en impedir tal disolución. Enseguida enumera algunas causas que han operado en el reduccionismo de la “cuestión indígena” a la propiedad de la tierra y propone diversas medidas para preservar y difundir la cultura mapuche.

Políticas públicas y comunidades mapuches: 
del indigenísmo a la autogestión
José Bengoa
 
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En la primera sección de este artículo se analiza lo que ha sido la emergencia indígena en América Latina y en Chile. Consideramos que no es posible comprender lo que ocurre en el movimiento indígena chileno sin tener presente esta referencia internacional. En la segunda sección sostenemos que la pauperización de las comunidades indígenas tiene relación estrecha con la minifundización y el proceso de apertura comercial del país y la situación compleja que vive la agricultura tradicional y en particular la de los productores campesinos. Cualquier política indígena debe estar relacionada con la política agraria, con la expansión forestal y el modelo de sustentabilidad que tiene este sector. Al analizar la pobreza rural a continuación señalamos la importancia de las nuevas migraciones y de las relaciones campo-ciudad en el nuevo contexto del país. Constatamos la emergente situación de los indígenas urbanos, especialmente los que viven en Santiago, que ha cambiado la cuestión indígena y plantea nuevos desafíos en el diseño de políticas para el sector. En la última sección se señala lo que han sido las políticas del Estado hacia los indígenas, los instrumentos utilizados y los desafíos que hoy se plantean. El principal de ellos es cómo responde el Estado a las demandas por autonomía, al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Una política indígena moderna debe asumir la multiculturalidad de la sociedad como principio y el reconocimiento de los diferentes pueblos que constituyen las sociedades multiétnicas.  

CONFERENCIA PERSPECTIVAS

Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica
Daniel Kaufmann
 
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Es un mito sostener que la corrupción y falta de gobernabilidad no es cuantificable. Avances recientes en la medición empírica de la corrupción y la gobernabilidad del sector público nos ha permitido analizar rigurosamente las causas y consecuencias de la corrupción y la falta de gobernabilidad transparente y eficaz del sector público. Estas se evalúan en este artículo, para luego facilitar la discusión del tipo de estrategias y medidas concretas para mejorar la gobernabilidad y controlar la corrupción. Los significativos costos socioeconómicos de la corrupción en una gran cantidad de países justifican la urgencia de acciones concretas.
Con los avances metodológicos estadísticos también hoy se logra medir el grado de imprecisión de las estimaciones de corrupción y gobernabilidad, que no son menospreciables. Ello implica que es vital ser transparente, riguroso y cauteloso en la medición, interpretación y diseminación de datos y análisis. Con estos datos sí se pueden establecer patrones generales de los problemas de gobernabilidad y corrupción en el mundo, identificando el grupo de países que tienen vulnerabilidades agudas, pero no se debe intentar calificar a cada país en un ‘lugar preciso’ en un índice global.
Los índices comparativos internacionales no son suficientes para desarrollar un esquema detallado de reformas institucionales para controlar la corrupción y mejorar gobernabilidad. Más importante para eso son los diagnósticos detallados con encuestas en profundidad de ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos dentro del país, analizando las vulnerabilidades en los sistemas, incentivos e institutuciones específicas. Estos programas deben ser participativos y transparentes, involucrando la sociedad civil, el sector privado, los expertos, los políticos y los funcionarios públicos, los cuales manejan los datos y análisis de los diagnósticos para formular estrategias. Para ilustrar con resultados concretos las nuevas herramientas de diagnóstico de la corrupción y la gobernabilidad dentro de un país, éstas se presentan dentro de un estudio de caso para tres países.
En muchos países ya se ha logrado crear conciencia sobre las consecuencias de la corrupción. El desafío en esta etapa es iniciar y sostener reformas institucionales concretas. Para ello es vital el proceso, que integra las nuevas herramientas de diagnóstico rigurosas con experiencias participativas y de acción colectiva con la sociedad civil, utilización la informática avanzada, e impulsado por un liderazgo político.

ARTÍCULO

¿Es la justicia un bien público?
Jorge Correa, Carlos Peña y Juan Enrique Vargas
 
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En este trabajo se examina el papel que cabe al Estado y al sector privado en la provisión y la producción de la justicia civil y comercial. Con el uso de un enfoque económico complementa, y a veces discute, las visiones jurídico-dogmáticas sobre estos temas. El estudio sugiere que la justicia es uno de aquellos bienes que puede ser producido y financiado por los particulares y no sólo por el Estado. La razón de ello es que la justicia es un bien predominantemente privado (son los litigantes quienes hacen suyo el beneficio que reporta el litigio) y sólo en algunos aspectos presenta carácter público (es decir, sólo parcialmente el litigio produce beneficios indiscriminados al conjunto de la colectividad).
Desde el punto de vista económico, resulta más eficiente que los bienes privados (como la justicia) en principio sean producidos en forma competitiva y pagados por los particulares. De esa manera la demanda por el bien tiende a mantenerse en niveles óptimos. En cambio, allí donde la justicia presenta un carácter predominantemente público (por ejemplo, en el ámbito de la justicia constitucional) el Estado debe encargarse de su provisión.
LIBROS

La travesía del desierto de Andrés Allamand
Reseña de Andrés Benavente
Reseña de Jorge Heine

Los límites de la tolerancia de Human Rights Watch
Reseña de Ascanio Cavallo

Reseñas completas